La Paz, Bolivia- Las plataformas ciudadanas contrarias a la reelección del presidente boliviano, Evo Morales, tomaron ayer miércoles las calles de algunas ciudades del país en lo que se anunció como una jornada de paro nacional pero que se concentró principalmente en La Paz, Cochabamba y Tarija.
Las calles paceñas amanecieron con algunos puntos de bloqueo en el centro y la zona sur, alentados por personas que empuñaban banderas nacionales y que consiguieron obstruir por algunas horas la circulación de vehículos.
Al mismo tiempo, varios grupos de policías se situaron en los puntos que se presentaban como los más críticos para conseguir brevemente habilitar la circulación de coches.
«Aquí estamos nosotros para renovar ese compromiso por la democracia», aseguró a Efe el exdefensor del Pueblo y miembro del Consejo Nacional por la Democracia (Conade) Rolando Villena.
La manifestación coincidió con los 48 años del golpe de Estado del 21 de agosto de 1971 encabezado por el entonces coronel Hugo Bánzer, que dio paso a una de las dictaduras militares más largas del país.
Estos colectivos suelen movilizarse los días 21 de cada mes para recordar que el 21 de febrero de 2016 se celebró un referéndum que negó la posibilidad de que Morales se presente a futuros comicios.
Villena apuntó que la protesta cuestiona al Tribunal Supremo Electoral, al que estos sectores consideran «sumiso» al Gobierno por no aceptar la «voluntad soberana» que emergió de dicha consulta y que habilitó la candidatura del jefe de Estado.
A pesar de que en los días precedentes se anunció un paro nacional, la medida se acató en ciudades como La Paz, Cochabamba y la sureña Tarija, aunque de forma parcial, sin que las protestas paralicen del todo las actividades cotidianas.
El Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor ciudad del país, se desligó de la medida esta semana debido a los incendios forestales que han arrasado casi 500.000 hectáreas de bosques y pastizales en la zona de la Chiquitania y que ha implicado la declaración de emergencia departamental.
Tampoco El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, se sumó a las protestas bajo el argumento de que perjudicarían a la población, según manifestó hace unos días su alcaldesa, Soledad Chapetón.
«Está claro que (el paro) es un fracaso», declaró a los medios el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, que subrayó que la medida ha tenido un «nulo apoyo» de la población porque, a su juicio, se entiende que toda disputa se definirá en las elecciones generales del 20 de octubre próximo.
La postulación de Morales para un cuarto periodo hasta 2025 se considera ilegal por la oposición y los movimientos ciudadanos por incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado del referendo de 2016.
Sin embargo, fue avalada por el órgano electoral en 2018 con base en un fallo del Tribunal Constitucional de 2017 que reconoció el derecho a la elección indefinida.
El Constitucional ya autorizó a Morales para un tercer mandato, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.
Además de Morales, en las elecciones de octubre competirán por la Presidencia del país otras ocho agrupaciones políticas.(EFE)
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