Keiko Fujimori, detenida desde octubre del año pasado, es investigada por presunto lavado de activos a partir de las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata, de haber entregado un millón de dólares a su campaña del 2011.

Lima, Perú.- El Tribunal Constitucional de Perú (TC) quedó este miércoles listo para votar el recurso de «habeas corpus» presentado por la familia de la líder opositora Keiko Fujimori que reclama su excarcelación, después de escuchar los argumentos de su defensa en audiencia pública.

El presidente del Constitucional, Ernesto Blume, anunció que el recurso, la última opción legal para la política opositora salga de prisión antes del plazo establecido «queda al voto», después de una larga sesión en la que la defensa sostuvo que Fujimori está detenida preventivamente por 18 meses con base en «presunciones» y «conjeturas».

La defensa de Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, ha perdido todos los recursos legales presentados hasta la fecha para pedir su excarcelación y solo ha logrado que se reduzca su prisión preventiva, de 36 a 18 meses, la cual vencerá en abril del 2020.

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, sostuvo en su presentación que la resolución que impone la prisión preventiva «está basada en presunciones» del supuesto intento de fuga y obstrucción a la justicia, a partir de la declaración de un testigo protegido.

El testigo declaró a la Fiscalía que el legislador Rolando Reátegui buscó falsos aportantes para justificar los recursos ingresados en la campaña electoral de 2011.

Después de su declaración, el testigo protegido y otros tres colaboradores denunciaron actos de presión, lo cual, según Loza, fue utilizado para afirmar que Keiko Fujimori «como líder (del partido Fuerza Popular) habría tenido conocimiento de actos de obstrucción a la justicia».

«No hay acto concreto (de obstrucción), ni siquiera la propia implicación en el delito de lavado de activos», afirmó Loza.

En tal sentido, la abogada expresó que «ningún peruano merece estar privado de su libertad en base a una presunción, a una conjetura».

Loza aseguró que la declaración del testigo protegido se tomó a espaldas de la defensa y que tuvo menos de 24 horas para conocerla y plantear una impugnación.

Por ese motivo, indicó que hubo una afectación al derecho de defensa de Fujimori, al desconocer la declaración del testigo protegido y no haber podido responder a las mismas.

El procurador del Estado, Johnny Tupayachi, declaró que «la Corte Suprema ha confirmado los elementos de convicción sobre nivel de sospecha grave de la comisión de un delito, que está en etapa de investigación sobre lavado de activos».

Al defender la prisión preventiva dictada contra Fujimori, Tupayachi afirmó que se trata de «un caso ‘sui generis’ en el que estamos hablando de una organización política que se presume ha cometido actos ilícitos».

«Las evidencias son evidentes, estamos hablando de una organización política que también puede ser invadida de actos de ilegalidad para poder manejar determinadas condiciones de actos de poder», añadió el procurador público.

Tupayachi criticó que se haya sentado un precedente en el Constitucional al haber aceptado un recurso de «habeas corpus» a favor del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que permitió la excarcelación de ambos, igualmente investigados por presuntos aportes de la empresa Odebrecht a su campaña electoral del 2011.

«Con la sentencia de Humala, hemos abierto la puerta a una vía paralela, buscando una nueva evaluación que se debata en esta sede de fondo de derechos», opinó.

El procurador subrayó que «esta es una causa jurídica política, indistintamente de quien fuera beneficiado».

«Partimos por defender una resolución judicial, preocupados por la apertura de vías paralelas, por atentar contra esa bandera de los procesos constitucionales», agregó el abogado del Estado.

Sin embargo, el magistrado Eloy Espinoza Saldaña, uno de los integrantes del Constitucional, respondió que el caso Humala no sentó precedente, pero sí fijó criterios para la prisión preventiva.

Además, el juez precisó que no se puede pedir pruebas fehacientes del presunto delito porque eso corresponde al proceso judicial.(EFE)

Su colega José Luis Sardón opinó que no se podía esperar que la líder del partido tenga que «saber todo lo que hacen sus militantes».
El recurso a favor de Fujimori fue presentado por su hermana Sachi Fujimori, a nombre de toda su familia, y su esposo Mark Vito insistió, tras la audiencia, en que su cónyuge es una «presa política», a pesar de que no ha ejercido cargo político ni manejado recursos del Estado.(EFE)

Pie de foto: En la imagen, la líder opositora Keiko Fujimori.(EFE/Ernesto Arias/Archivo)

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