La brecha que separa al gobierno de Corral de la sociedad chihuahuense se ha ensanchado. Ya no volverá a tener un consenso mínimo que le permita gobernar. Su administración está nerviosa, carece de racionalidad y ha optado por criminalizar la protesta y sacar la policía para reprimir y encarcelar ciudadanos inconformes.
El lenguaje que emplea el fiscal César Augusto Peniche Espejel corresponde a épocas ya superadas nacional e internacionalmente. El discurso que emplea es el propio de la Guerra Fría en el que se justificó el uso de la violencia institucional para «restaurar el orden», mostrando su ignorancia en esta nueva época en que se preconizan los derechos humanos y la filosofía que los respalda.
Para él hay «agitadores», «provocadores», «grupos de choque», «intereses ocultos e inconfesables», «afán de concitar disturbios contra el gobierno». Su idioma se parece –y se lo envidiarían– los procuradores de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Y es explicable si estimamos que es un hombre made in PGR.
El gobierno soslaya el derecho a la libertad de tránsito en una carretera de pésima calidad, explotada por manos privadas y bancos usureros. Este gobierno de Corral no ha intentado nuevos esquemas fiscales y hacendarios para no descansar en la base tributaria de los particulares que tienen necesidad de desplazarse y moverse por el estado. Es partidario de la privatización de las carreteras porque asumieron el estado para no hacer ningún cambio fundamental en favor de la sociedad. Las carreteras, independientemente de los altos costos de peaje, ya se han pagado solas a lo largo de los años.
Lógico es que difunda que la inconformidad en Sacramento obedezca a «fines oscuros». En otras palabras, un lenguaje que le resta a los ciudadanos la mayoría de edad y el ejercicio pleno de sus derechos. Sacramento, en este sentido, es el síndrome de un problema mayor: la brecha profunda e insalvable que separa a la casta gobernante de Corral de la sociedad chihuahuense a la que no representa ya de ninguna manera, ni en el sentir transversal de la sociedad.
Es hora de buscar alternativas. Se han planteado dos que llevan la misma finalidad: revocarle el mandato a Corral de manera legal e institucional a través de una consulta; o exigirle al Senado de la República la desaparición de poderes en Chihuahua para dar paso a un gobierno que siente las bases para una renovación indispensable y necesaria.
Nada se ganará sentándose a dialogar con gobernantes que ya no representan nada, o instaurar mesas de diálogo con los represores porque su pura actuación es una negación a estas fórmulas de interlocución.
Ahora la legalidad está en la calle, se debe fortalecer con el aliento ciudadano para limpiar las instituciones de las que se ha apoderado el mal gobierno.
