Tegucigalpa, Honduras.- Noviembre 30.- El tribunal de Honduras que juzga el caso de Berta Cáceres condenó este jueves a siete personas y absolvió a otra más por su implicación en el asesinato de la líder ecologista. Entre los condenados están los tres sicarios que dispararon contra Cáceres el 2 de marzo de 2016, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA (Desarrollos energéticos), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía frontalmente.
El tribunal declaró culpables a Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz, (mayor en activo del ejército de Honduras) Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (exmilitar) y a los sicarios Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, como coautores del asesinato. Tras un juicio de cinco semanas, considera también que está probado que los directivos de la empresa DESA planificaron el asesinato con el objetivo de dañar su lucha.
La familia de la ecologista se mostró contraria al fallo y opinó que “hubo condenas pero no hubo justicia”, resumió la hija de Bertha Cáceres a este diario, en referencia a que no se ha investigado a los dueños de la hidroeléctrica. Organizaciones como CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) y Amnistía Internacional consideran que «los autores intelectuales del asesinato aún están en impunidad”.
Según la reconstrucción de la sala I del Tribunal de Tegucigalpa, cansado de las protestas de Berta Cáceres y COPINH, la organización que lideraba, el gerente de la empresa DESA pidió ayuda a uno de sus jefes de seguridad para que terminara con ella. En concreto se lo pidió al teniente retirado Douglas Bustillo. A su vez, Bustillo recurrió a otro amigo de los cuarteles, el mayor Mariano Díaz, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a los sicarios. Al último de los pistoleros lo capturaron en enero en una peluquería de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde trabajaba. Había recibido 50.000 lempiras (2.200 dólares) por apretar el gatillo. Coordinado con los siete estaría el presidente de la compañía, David Castillo, detenido en marzo y que sigue un juicio paralelo. Hasta hoy el único testigo de lo sucedido aquella noche es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido en el ataque.
Además de señalar a los culpables, el tribunal, compuesto por dos juezas y un juez, hizo públicos algunos detalles que abonan las dudas sobre quienes fueron los autores intelectuales o de dónde salió el dinero para pagar a los sicarios. La sentencia constata que las protestas lideradas por Berta Cáceres molestaban a los directivos de DESA y que intentaron asesinarla sin éxito un mes antes, el 5 de febrero de 2016.También que tras el frustrado intento, Bustillo se comunicó con miembros de DESA para planificar un nuevo el asesinato.
Además, Sergio Rodríguez pagaba a informantes para tener permanentemente localizada a Cáceres sobre los lugares, días y fechas en los que habría protestas. Mediante un chat de WhatsApp, mantenía informados a los ejecutivos de DESA sobre las acciones, movimientos y ubicación de Berta Cáceres y el Copinh.
Los años de finales de condena para los siete culpables se conocerá en enero, pero la pena por asesinato en Honduras ronda los 50 años de cárcel. Según la empresa, la familia Cáceres y Copinh han intentado manipular el juicio y se han dejado fuera pruebas sobre una supuesta relación de Cáceres que demostrarían una relación tormentosa que habría acabado con su vida.
“Tenemos una sensación agridulce sobre la sentencia. Por un lado, los siete condenados, según nuestras pruebas, están vinculados al asesinato, pero no se ha juzgado a quienes dieron la orden”, señaló vía telefónica Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presente en el juicio. “Sin embargo, hay un claro señalamiento del tribunal a los directivos como responsables”, dice la responsable de la organización de derechos humanos con sede en Washington.
“A pesar de la existencia de una sentencia (…) la justicia hondureña tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta Cáceres”, señaló Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Para la empresa nunca se han demostrado que la orden saliera de sus despachos y, aunque mantiene la concesión, ha renunciado a seguir con el proyecto «como gesto de buena voluntad».
Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras. Hasta ese día ella era la piedra en el zapato en contra de la presa Agua Zarca de la empresa DESA que cambiaría el rumbo del río Gualcarque. Una nueva hidroeléctrica en la línea de la política de grandes obras públicas concesionadas a puñado de familias que ha llevado a cabo los últimos años gobiernos de Honduras. Un año antes, Cáceres, 2015 había recibido el reconocido premio Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso entre los defensores del medio ambiente.
Su muerte provocó la indignación global y desde Barack Obama a El Vaticano, exigieron el esclarecimiento. Para Aguiluz, los chats conocidos durante el juicio dejan claro que los autores intelectuales son los directivos y algunos accionistas cuyos nombres aparecen como la poderosa familia Atala, concluye.
Tomado de El País
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