Ciudad de México, México. El piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lujosos restaurantes y un rancho son las sedes donde jueces y magistrados eran presionados por órdenes del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, según indica una denuncia anónima, a la que tuvo acceso el periodista Abel Barajas del diario Reforma.

La denuncia anónima presentada en contra de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala a cuatro altos mandos del Poder Judicial de la Federación y el Gobierno Federal de presionar a más de 70 jueces y magistrados para conseguir una resolución favorable en al menos 18 casos emblemáticos para el gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la demanda, los altos mandos que presuntamente ejercieron dicha presión fueron Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y actual titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación; Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, exdirector del Instituto de Concursos Mercantiles y Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y actual secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Según la denuncia, Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, era el encargado de organizar las reuniones con jueces y magistrados, a quienes amenazaban y presionaban.

Con escoltas armados, eran recibidos los jueces y magistrados al llegar al piso 14 del CJF, ubicado en Insurgentes Sur, y antes de entrar a un cubículo, Alpízar Salazar les pedía por seguridad entregar celulares y todos sus aparatos electrónicos, además les revisaban sus bolsas y bolsillos.

Una vez dentro, el funcionario les daba instrucciones sobre la resolución de un amparo, una vinculación a proceso, una sentencia, una suspensión o extradiciones.

«Como dice Zaldívar, ‘favor con favor se paga'», decía Alpízar Salazar a jueces, cuando les prometía beneficios como adscripciones favorables, inclusión en las ternas para consejeros del CJF, cursos en el extranjero, ratificaciones de cargo, y también dinero, indica la denuncia.

Pero si las instrucciones eran rechazadas, entonces recibían amenazas de cambios de adscripción o de “sembrarles” quejas administrativas, así como suspensiones en el cargo.

Sin embargo, no todas las reuniones se llevaron a cabo en Insurgentes Sur, otras también se realizaron en restaurantes caros y en un rancho de Alpízar Salazar, ubicado en el Estado de México.

En estos lugares, jueces y magistrados recibían indicaciones sobre asuntos atendidos en la capital del país y en el Centro de Justicia del Penal del Altiplano, además se organizaban reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Ejército, con el objetivo de ‘sensibilizarlos’.

Aunque la denuncia indica que militares también participaban en las presiones a jueces y magistrados, como la vez que supuestamente Alpízar Salazar sentó a un uniformado identificado como ‘El Comandante’, con las juezas Abigail Ocampo y Michele Franco, a quienes pidió acelerar el proceso de unas demandas de dos integrantes del crimen organizado.

Según datos de la denuncia, en la lista de juzgadores que no rechazaron las presiones están los siguientes:

Jesús Delgadillo Padierna, quien dictó prisión preventiva a Rosario Robles.

Artemio Zúñiga, quien dictó prisión preventiva a Emilio Lozoya y ordenó el arresto de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Iván Zeferín, quien dio la orden de captura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Fernando Córdova del Valle, el magistrado que ordenó descongelar las cuentas bancarias de Sandra Ávila, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’./Agencias